jueves, 18 de octubre de 2007
La Moncloa responde a Agencia 10
En medio de la polémica del secuestro "El Jueves", escribimos un mail de queja a La Moncloa para protestar por la pasividad del Gobierno ante una violación tan flagrante de la libertad de expresión. Nos han contestado y reproducimos a continuación su respuesta:
"Por indicación del Presidente del Gobierno contesto al escrito
que le ha dirigido, en el que expresa sus consideraciones en relación con la polémica surgida entorno a la publicación de una viñeta de los Príncipes de Asturias en la revista El Jueves, y posterior decisión judicial para impedir su difusión.
En relación con este asunto, creo que es necesario hacer referencia al artículo 9 de la Constitución española, que establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico estando por ello garantizado y reconocido
constitucionalmente el principio de legalidad.
En consecuencia, y en relación con las consideraciones que expresa en su escrito, le comunico que, al tratarse de un asunto de carácter jurisdiccional, el Gobierno carece de facultades para intervenir, interferir, interpretar o valorar las decisiones de los órgano judiciales,
a tenor de lo establecido en los artículos 117 y 1 de nuestro texto constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
respectivamente: La justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de
la ley. Esta última afirmación como expresión de la soberanía popular y la sujeción de los poderes públicos al cumplimiento de ley, requieren, todo ello, junto con la garantía procesal efectiva de los derechos y libertades
de los ciudadanos, la existencia de los tribunales de justicia como órganos independientes que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente el ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, el Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, respeta absolutamente todas las actuaciones adoptadas, tanto por los órganos judiciales como por el Ministerio Fiscal. En el caso que nos ocupa, el Fiscal competente consideró que dicha publicación, calificada como
injuriosa, provocaba un grave menoscabo del prestigio de la Corona (artículos 490 y 491 del Código Penal). Esta actuación se ha ejercido con plena autonomía, en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y también de los intereses públicos tutelados por la ley, pretendiendo la satisfacción del interés social (artículo 124 del texto
constitucional) y por tanto, dentro de este marco constitucional en el que se sitúa al Ministerio Fiscal, rigen los principios de objetividad e imparcialidad en la defensa de los intereses que tiene encomendados, tal y como establece en su Estatuto orgánico.
Partiendo de esas consideraciones, y en aras de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, esencial en nuestro Estado de Derecho, el Gobierno no puede interferir ni injerirse en el ejercicio de las acciones que competan a aquél.
Atentamente, XXX XXX XXX (Agencia 10 ha eliminado el nombre del remitente).
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno."
Agradecemos sinceramente la respuesta, pero no compartimos el contenido, ya que nuestra demanda se planteaba en cuestiones de legitimidad, no de legalidad.
No obstante, admitimos que es sano que el Gobierno responda con cordialidad a un medio tan pqueño como el nuestro.
"Por indicación del Presidente del Gobierno contesto al escrito
que le ha dirigido, en el que expresa sus consideraciones en relación con la polémica surgida entorno a la publicación de una viñeta de los Príncipes de Asturias en la revista El Jueves, y posterior decisión judicial para impedir su difusión.
En relación con este asunto, creo que es necesario hacer referencia al artículo 9 de la Constitución española, que establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico estando por ello garantizado y reconocido
constitucionalmente el principio de legalidad.
En consecuencia, y en relación con las consideraciones que expresa en su escrito, le comunico que, al tratarse de un asunto de carácter jurisdiccional, el Gobierno carece de facultades para intervenir, interferir, interpretar o valorar las decisiones de los órgano judiciales,
a tenor de lo establecido en los artículos 117 y 1 de nuestro texto constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
respectivamente: La justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de
la ley. Esta última afirmación como expresión de la soberanía popular y la sujeción de los poderes públicos al cumplimiento de ley, requieren, todo ello, junto con la garantía procesal efectiva de los derechos y libertades
de los ciudadanos, la existencia de los tribunales de justicia como órganos independientes que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente el ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, el Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, respeta absolutamente todas las actuaciones adoptadas, tanto por los órganos judiciales como por el Ministerio Fiscal. En el caso que nos ocupa, el Fiscal competente consideró que dicha publicación, calificada como
injuriosa, provocaba un grave menoscabo del prestigio de la Corona (artículos 490 y 491 del Código Penal). Esta actuación se ha ejercido con plena autonomía, en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y también de los intereses públicos tutelados por la ley, pretendiendo la satisfacción del interés social (artículo 124 del texto
constitucional) y por tanto, dentro de este marco constitucional en el que se sitúa al Ministerio Fiscal, rigen los principios de objetividad e imparcialidad en la defensa de los intereses que tiene encomendados, tal y como establece en su Estatuto orgánico.
Partiendo de esas consideraciones, y en aras de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, esencial en nuestro Estado de Derecho, el Gobierno no puede interferir ni injerirse en el ejercicio de las acciones que competan a aquél.
Atentamente, XXX XXX XXX (Agencia 10 ha eliminado el nombre del remitente).
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno."
Agradecemos sinceramente la respuesta, pero no compartimos el contenido, ya que nuestra demanda se planteaba en cuestiones de legitimidad, no de legalidad.
No obstante, admitimos que es sano que el Gobierno responda con cordialidad a un medio tan pqueño como el nuestro.
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